REPORTAGENS II
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REPORTAGENS II
FIGURAS LATINAS II
DOCUMENTOS LATINOSII
PESQUISAS LATINAS II
EDITORIAIS I
VENEZUELA EM COLAPSO
ELEIÇÕES LATINAS II
IMPRENSA LATINA II
ECONOMIA LATINA II
LIVROS LATINOS II
OPINIÃO ALHEIA II
VERDADES LATINAS II
CORRUPTOLOGIAS I
PROTESTOS LATINOS II
CINISMOS LATINOS II
ESCÂNDALOS LATINOS II
PROPAGANDA POLÍTICA I
PUBLICIDADE II
DISPARATES II
HUMOR LATINO II
RECORTES LATINOS II
COPA DA FIFA 2014 II
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Herdeiros por parte do presidente da República
Idiossincrasias que banham os filhos dos mandatários latinos
Los hijos de los presidentes llevan una vida que a algunos les fascina y a varios les pesa. Por eso, mientras unos se embelesan con el poder y eligen seguir el camino de sus padres, otros prefieren alejarse de la política y tomar diversos caminos, desde el empresarial hasta el artístico, como ocurre con algunos “herederos” de los mandatarios de América Latina.
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Máximo Kirchner
ARGENTINA
En Argentina, Máximo Kirchner (36) heredó la ambición de sus progenitores por el poder, pero prefiere ejecutarla desde las sombras. Los rumores sobre sus aspiraciones al Congreso o a un cargo público siempre son desmentidos por la realidad, que lo muestra viviendo en Río Gallegos, donde administra los bienes de la familia, lejos de cualquier exposición mediática. Desde esa ciudad patagónica, está a sólo un llamado de incidir en la opinión de su madre, Cristina Kirchner, y de colocar en posiciones estratégicas a los miembros de La Cámpora, la agrupación juvenil kirchnerista que creó.

BRASIL
A Paula Araujo Rousseff (37), la única hija de la presidenta brasileña, le fue más fácil combinar su profesión con la política: es abogada y es procuradora de Trabajo en San Pablo. Aunque lejos del Palacio del Planalto, aseguran que es clave en la toma de decisiones de Dilma.

BOLIVIA
Eva Liz Morales (19), la hija a la que Evo reconoció de adolescente, también cumple el rol de primera dama, pero en este caso, la lleva con alto perfil, hasta ser denominada por algunos ‘la Evita de Evo’. Desde que el Presidente boliviano la reconoció en el 2002, después de siete años de un juicio, el padre le cumple todos los caprichos y no tiene vergüenza en manifestar que es su preferida. Morales tiene otro hijo con otra mujer, Álvaro, a quien también reconoció hace unos años y es apenas meses, menor que su hermanastra. Eva Liz estudia Derecho y quiere dedicarse “al ámbito internacional”.
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Alejandro Castro Espín
CUBA
Geográfica e ideológicamente cerca de Nicolás Maduro Jr., Alejandro Castro Espín (48), en Cuba, se perfila como un auténtico “heredero” político. Quienes apuntan a la continuidad castrista, en la isla comunista, señalan al único hijo hombre de Raúl Castro como el próximo mandatario. Además de ser uno de los hombres fuertes del régimen, ostenta en su currículum varios títulos: es ingeniero, magíster en Relaciones Internacionales (escribió el libro 'El Imperio del terror, un rapto antiyanqui') y coronel del Ejército. Desde ese rol, participó de la Guerra de Angola, en la que perdió un ojo y ganó el sobrenombre de ‘tuerto’ entre los opositores. Mientras Alejandro es el más temido, su hermana Mariela (51) es, por lejos, la más mediática de los cuatro hijos Castro Espín. Conocida por luchar contra la homofobia desde su Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex), esta sexóloga decidió llevar su popularidad a la Asamblea Nacional en febrero del año pasado. Es la niña mimada del régimen, aun cuando es una gran generadora de controversias, como cuando confesó que “votaría por Obama” y cuando lucha por derechos que la isla no está dispuesta a ceder, algo que –se sabe– generó más de una discusión con su padre. “Mi papá me dice ‘bueno, ya estás en la Asamblea, ya no me plantees más problemas los domingos; di lo que tú quieras en la Asamblea’ ”, confesó el año pasado.

COLOMBIA
También abogado pero sin un sueldo estatal, el mayor de los tres hijos del presidente colombiano Juan Manuel Santos, Martín (25), ayuda a su padre desde el marketing político y desde su pluma. En el sitio estadounidense The Huffington Post, por ejemplo, escribió recientemente una columna para defender el diálogo de paz del Gobierno con las Farc. No obstante, Martín Santos forja su propia carrera al margen de la de su padre y de su país. En el 2012, viajó a Nueva York para ser asesor en el Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, después tomó un avión para entrar en el mundo financiero con Merril Lynch, en Miami, y el año pasado se unió al think tank Abc Foundation, también en Florida. Su hermano menor, Esteban (19), estuvo en el Ejército, y ya manifestó que quiere estudiar Economía –como el padre– e Historia. “Fue una experiencia que marcará mi vida. Desde pequeño, cuando mi papá era ministro de Defensa, soñé con portar uniforme, ser soldado”, señaló al finalizar el servicio en agosto pasado, y reafirmó que “el servicio militar debe ser para todo el mundo sin excepciones”. En Colombia, la única mujer de la dinastía Santos, María Antonia (23), estudió Neurociencia en Estados Unidos, mientras que en Cuba, la hija mayor de Raúl Castro, Deborah, es ingeniera y estudió Química aplicada a la alimentación humana. Según dicen, su objetivo es ser ministra de la industria alimenticia.
CHILE
En Chile, el mayor de los tres hijos de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos Bachelet (35), hará las veces de ‘primera dama’, así lo anunció la mandataria, la semana pasada. Dávalos ha sabido complementar la política con los negocios. Estudió Ciencia Política y trabajó en la Dirección de Relaciones Económicas de la Cancillería, incluso durante la presidencia de su madre. Entonces recibió denuncias por conflictos de intereses, ya que aseguraban que al mismo tiempo manejaba junto a su mujer, consultoras que asesoraban a empresas orientales. En julio del 2012 renunció al puesto, para dedicarse tiempo completo al mundo privado y abrir nuevos emprendimientos, pero ahora vuelve al ruedo. Las hijas de Bachelet no estudiaron pediatría como su madre, aunque una de ellas sí hará vida de consultorio: Sofía (21), la menor de sus hijas, que estudia psicología. Por su parte, Francisca Dávalos Bachelet (29) estudió Antropología en la Universidad de Chile e hizo un posgrado en Buenos Aires. Si bien tiene poca relación con los medios, llegó a los titulares cuando, en mayo de 2005, chocó con su auto bajo los efectos del alcohol. “Claro que es un error y asumo la responsabilidad”, admitió en ese momento.

ECUADOR
El ecuatoriano Rafael Correa debió abrirse a nuevos mundos con las profesiones de sus hijas. La mayor, Sofía (19), se consagró como campeona nacional en Escalada y el año pasado ganó una medalla en los Bolivarianos de Trujillo. Anne Dominique (17) se inclinó por la actuación. Ya participó en películas y telenovelas.

PARAGUAY
En Paraguay parecen estar destinados a seguir con los negocios que el padre debió sacrificar el año pasado, cuando asumió la presidencia. Según informan los medios locales, los hijos mayores de Horacio Cartes, Juan Pablo (29) y Sofía (25), tienen participación accionaria en el emporio del mandatario. Él estudia Negocios Internacionales e inglés en Miami (donde fue detenido hace unos meses por agresión física) y ella cursa Administración de Empresas en Paraguay. Además, Sofía tiene otro rol, del que reniega: el de primera dama. El año pasado, Horacio Cartes la designó para que ocupara ese lugar, pese a que su exmujer, la argentina María Angélica Montaña, se había autodesignado ese cargo protocolar. “Lo estoy acompañando como hija pero no como primera dama. Siempre voy a estar a su lado, pero no hay nada oficial de que yo cumpla ese rol”, aclaró la joven el día de la asunción.
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Nicolás Maduro Guerra
VENEZUELA.
Otro joven sin título universitario y con una alta influencia en su país –con una carrera universitaria de Economía recién empezada– es Nicolás Maduro Guerra (23), hijo del presidente venezolano. El heredero político de Hugo Chávez ubicó a su único heredero sanguíneo como jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia, que supervisa las acciones de gobierno de cada rincón para luego informarle sobre las irregularidades. “Me toca por ser mi papá el presidente”, dijo en un tono casi épico.
En TAL CUAL, de Caracas
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Preparados para a impunidade
Através da LEY DE PACIFICACIÓN NACIONAL
A mediados de 1983, los militares se preparaban para dejar el poder y buscaban garantizarse la impunidad. De esa preocupación salió la ley de autoamnistía (para ellos, de “Pacificación Nacional”). En un informe secreto, señalaban que esa norma era “el único instrumento válido que se opondría al cumplimiento del objetivo” de los organismos de derechos humanos, a los que ellos llamaban “organizaciones subversivas”. Sacaban sus conclusiones del análisis de la coyuntura política y social y de datos recolectados por los servicios de inteligencia. Un informante clave fue el entonces juez José Nicasio Dibur. Este magistrado tenía a su cargo una causa vinculada con el testimonio del policía Rodolfo Peregrino Fernández, quien había roto el pacto de silencio a principios de 1983. Dibur informaba en detalle a los represores del “avance” de la investigación y advertía a los mensajeros que debían frenar el proceso o se vería “obligado” a citar a los acusados. En este contexto, los militares trataban de blindar a la tropa para que no hubiera nuevas “filtraciones”.
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La posibilidad era real: el policía Luis Patti, que estaba involucrado en el asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, amenazaba con hacer públicas las matrículas de los aviones que habían participado en los vuelos de la muerte si no recibía ayuda.
Esta información surge de los documentos hallados en el edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, a fines del año pasado y dados a conocer por el ministro de Defensa, Agustín Rossi. En el material que analizó un equipo encabezado por la directora de Derechos Humanos del ministerio, Stella Segado, están las actas de las juntas militares y el seguimiento de algunas leyes promovidas por la dictadura, entre ellas la de autoamnistía. Patti y Dibur están mencionados en una carpeta caratulada como secreta y elaborada por la Fuerza Aérea para el asesoramiento sobre la “ley de Pacificación”. “En los contactos extraoficiales establecidos por la secretaría general con el juez mencionado, éste manifestó su preocupación por el caso ante la posibilidad de verse obligado, por razones procesales, a iniciar las citaciones indicadas, por lo cual sugirió la necesidad de la urgente sanción de la ley, único medio de cerrar ese proceso que se tramita ante su juzgado”, dice el informe.
El “juez mencionado” era Dibur, quien tenía en su juzgado la causa sobre la Triple A, a la que se había agregado el testimonio de Rodolfo Peregrino Fernández, un policía que había trabajado en el Ministerio de Interior con Albano Harguindeguy y que en marzo de 1983 había aportado información sobre el terrorismo de Estado y la Triple A, ante la Ca-dhu (Comisión Argentina de Derechos Humanos), que integraban argentinos exiliados en Europa.
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“La Doctrina comprendía la eliminación física de la llamada ‘subversión apátrida’ y una orientación ideológica dentro de los principios de ‘la defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad’. La Doctrina, además, tenía como propósito implantar el terror generalizado en la población para evitar que la guerrilla ‘se moviera como pez en el agua’. Son estos conceptos los que fundamentan la política de ‘desapariciones’ que desde antes, pero en forma especial a partir del golpe militar de 1976, comienza a ejecutarse en forma sistemática”, dice el testimonio de Fernández, que fue llevado ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En su extensa declaración, habló del funcionamiento de la Triple A, la división de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Grupos de Tareas, la existencia de centros clandestinos de detención, el asesinato de Rodolfo Ortega Peña y el secuestro y desaparición de Lucía Cullen, entre muchas otras cosas. Fernández reveló ya en ese momento que escuchó “al teniente de navío Norberto Ulises Pereyro afirmar que se utilizaban aviones de la Prefectura Naval Nacional para el transporte y el lanzamiento en alta mar de prisioneros políticos secuestrados” y que supo que “algunos prisioneros, luego de ser adormecidos mediante la aplicación de una inyección, eran introducidos en bolsas especiales, en las cuales se les arrojaba”.
En su informe secreto, los militares contaban en 108 los involucrados por Fernández en la declaración: 35 miembros del Ejército, 6 marinos, 3 integrantes de la Fuerza Aérea, 45 policías, 4 jueces, 2 capellanes y 11 personas que figuran en el rubro “otros”. No sólo tenían en su poder todos los nombres, sino también un punteo de quiénes podrían ser imputados o procesados, datos que parecen provenir directamente del magistrado, que como queda claro manifestaba estar tan compungido como los involucrados por tener que avanzar con la causa y pedía a gritos que se impulsara la norma que podría acabar con ese penoso trabajo.
Los vínculos de Dibur con los militares ya estaban claros en esa época. Se sabía que junto con su colega Martín Anzoategui se había reunido con las “autoridades militares” interesado en que se impulsara una ley especial de jubilación para los jueces que cesaran en sus cargos cuando llegara el gobierno constitucional. A mediados de 1983, además, ordenó allanar las oficinas del diario La Voz, de Vicente Saadi, por una denuncia de la Junta sobre un “rebrote subversivo”. Con la llegada de la democracia, Dibur no resistió en el Poder Judicial. El gobierno de Alfonsín quiso ascenderlo a camarista pero, por sus vínculos con la dictadura, no pasó el filtro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, a la sazón controlada por Saadi. Dibur dejó de ser juez y en ejercicio privado de la abogacía tuvo, entre otros clientes, a militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Durante el menemismo, en 1992, entró en el Ministerio de Justicia como asesor y allí se quedó hasta que en 2008 Aníbal Fernández lo expulsó. Pero Dibur no era la única fuente jurídica de consulta y preocupación para los militares. Según se desprende del informe secreto y de las actas, para asegurarse la aplicación de la ley, la última Junta Militar llegó hasta la Corte Suprema.
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Su presidente, Adolfo Gabrielli, los dejó tranquilos. Les informó que la norma era aplicable y que no parecía tener “vicios de inconstitucionalidad”.
La amenaza
En el mismo momento en que se discutía la posibilidad de promulgar la “ley de Pacificación”, Emilio Eduardo Massera estaba preso por el asesinato del empresario Fernando Branca. Y un caso acaparaba la atención de los medios: el asesinato de Cambiasso y Pereyra Rossi.
Los dos militantes peronistas conversaban en el bar Magnum, de Rosario, cuando fueron secuestrados por un grupo parapolicial. Tres días después sus cuerpos aparecieron baleados en Zárate. El 17 de mayo, el Ministerio de Interior y la Policía de la Provincia de Buenos Aires informaron que habían sido “abatidos en un enfrentamiento” con efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Tigre. Los policías involucrados eran los suboficiales Rodolfo Diéguez, Juan Amadeo Spataro y el oficial principal Luis Abelardo Patti.
Los peritajes demostraron que ambos fueron golpeados y torturados antes de morir. Había hematomas, rastros del empleo de picana eléctrica y muestras de pólvora sobre el antebrazo izquierdo de Pereyra Rossi originadas por un disparo a quemarropa. En junio, el juez penal de San Nicolás Juan Carlos Marchetti dispuso la prisión preventiva de los tres agentes de la Bonaerense por “homicidio calificado reiterado”. Los policías estuvieron presos cinco meses, hasta noviembre de 1983, cuando se dictó su sobreseimiento provisorio.
A mediados de 1983, cuando la Fuerza Aérea analizaba su posición respecto de la ley de autoamnistía, la situación judicial de Patti todavía era complicada. Por eso, el futuro intendente de Escobar se las arregló para enviar un mensaje.
Bajo una sello que señala que el contenido es “estrictamente secreto y confidencial”, se informa que “se tiene conocimiento que (el comisario Patty sic)” había expresado lo siguiente: considera que la Fuerza Aérea argentina se está oponiendo sistemáticamente a la promulgación de la ley de pacificación. En caso de que su problema salga mal, o que no sea solucionado, ha conseguido y dará a conocer los aviones (matrículas), aeropuertos, destino, fechas y personal que trasladó delincuentes terroristas a disposición final”.
De la lectura integral de la carpeta se desprende que tal vez más que una escalada judicial, los militares temían que se rompiera el “pacto de silencio” entre sus subordinados. De allí –y luego de la experiencia de Rodolfo Peregrino Fernández– la particular atención sobre Patti. Pero hay más. Motivados por esta inquietud, se ordenó un relevamiento y análisis de los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas detenidos en el penal de Magdalena y en Caseros, a quienes se describe como “potenciales difusores de denuncias”. En la misma hoja que sirve de carátula a esta lista de militares arrestados, hay una inscripción a mano y en cursiva en donde están los argumentos que debían repetir quienes hacían las visitas para sondear su estado de ánimo y su posible predisposición a abrir la boca: “Todo el que habla se autoincrimina. Endurecimiento por denuncia tardía. Si los otros niegan, quedará solo como responsable. Pueden ser indultados o conmutados sin necesidad de incluirlos en la amnistía”.
“Los documentos muestran la doble cara de la Justicia. Si bien una parte de la Justicia fue cómplice, la mayoría se adaptó a la dictadura. Acá se ve una Justicia que supuestamente empieza a movilizarse por las denuncias pero por otro lado pide la sanción de la ley para no avanzar a fondo”, señala la historiadora Marina Franco, que trabaja sobre los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia. La investigadora del Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes) de la Unsam y del Conicet recuerda que el principal “obstáculo” que tenía la ley de autoamnistía eran las propias Fuerzas Armadas, que estaban divididas respecto de ella. El Ejército era la fuerza que más interesada estaba en que la norma saliera rápido y fuera todo lo abarcadora que fuese posible, sobre todo que dejara tranquilos a aquellos que, como Patti, estaban comprometidos por hechos que eran recientes. La Fuerza Aérea, que era el sector que en general aparecía como “menos comprometido”, decía que no creía en la “oportunidad” de la ley, consideraba mejor esperar a que saliera luego de las elecciones de octubre o incluso que la propiciara el gobierno constitucional. La Marina se oponía a la ley. Junto con un sector del Ejército, consideraba que debían darles las gracias por los crímenes cometidos y no aceptaban ser equiparados a “la subversión”, a la que también alcanzaba la ley, a la que ningún militar de ninguna fuerza decía de “amnistía” porque creían que remitía a la de Héctor Cámpora. En la Armada avisaban, además, que no tenían intención de mover un pelo para salvar al caído en desgracia Massera.
“Los militares querían cubrirse las espaldas y creían que la ley iba a ser respetada, ya que históricamente las decisiones de las dictaduras no habían sido revisadas por los gobiernos constitucionales posteriores. Lo que pasó después habla de la voluntad política de Alfonsín, pero también de la debilidad misma de los militares, que venían de la guerra de Malvinas”, asegura Franco.
Lo que nunca se imaginaron los militares era que lo primero que haría el Congreso luego del regreso de la democracia sería anular esta ley, acción que fue el primer paso para poder llevar a cabo luego –una vez que los militares dejaron claro que la Justicia castrense no lo haría– el Juicio a las Juntas.

Texto de Victoria Ginzberg publicado en el diario PÁGINA 12, Buenos Aires
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Expectativa de novo fracasso chavista
A ‘Tarjeta de Abastecimiento’ que exigirá registro biométrico
Un total de 20 millones de bolívares fueron aprobados por el Jefe de Estado para el activar el sistema. Inicialmente se implementará con el registro de las personas mediante la captación de sus huellas dactilares.
A través del registro biométrico, los usuarios podrán afiliarse a este nuevo sistema, y obtener la tarjeta electrónica de abastecimiento, que les permitirá adquirir productos en los abastos Bicentenario, la red Mercal y Pdval, así como de disfrutar de premios, precios especiales en diferentes productos, participar en la rifa de viviendas y vehículos, entre otros beneficios, informó el ministro de Alimentación, Félix Osorio.
El funcionario destacó además, que la implantación de este sistema “permitirá identificar a los revendedores y evitar que salgan a hacer dinero con el alimento del pueblo”.
De acuerdo a cifras oficiales, en las fronteras venezolanas, especialmente con Colombia, se efectúa el contrabando del 40% de los productos de la red de distribución de Mercal y Pdval.
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Para llevar a cabo el registro biométrico, el cual no es de carácter obligatorio, se contará con el apoyo tecnológico de la Cantv y el CNE, quienes colaborarán en la interconexión mediante las máquinas capta huella.
El presidente ordenó iniciar un “gran registro biométrico” a partir del próximo domingo, la “Tarjeta de Abastecimiento Seguro” para “proteger al pueblo” del contrabando, y desmintió que esto represente una forma de racionamiento, como señaló la oposición.
“Buscamos cerrar toda posibilidad de que los productos, que son para la familia, se los lleven para Colombia los contrabandistas. Un 40%, hemos detectado, de toda la circulación de la Misión Alimentación se lo llevan por la frontera”, advirtió.
Por su parte, el economista José Guerra, denominó esta herramienta como la “tarjeta de Racionamiento del Siglo XXI” que pretende ser institucionalizada. Sostuvo que la implementación de las máquinas captahuellas del Consejo Nacional Electoral (CNE) para el registro de la Tarjeta de Abastecimiento, tiene como finalidad controlar las veces que los consumidores acuden a la red de mercados del Gobierno para adquirir alimentos.Consideró que la crisis que vive el país es insostenible y que las medidas que ha tomado el Gobierno siguen incrementando la escasez y el desabastecimiento.
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Asimismo, el diputado de la Asamblea Nacional, Braulio Álvarez, aseguró que la Tarjeta de Alimentación o de Abastecimiento Seguro logrará acabar con el llamado acaparamiento de pequeños abastos. Dicho acaparamiento, que “no es bueno con los valores que estamos inculcando como la solidaridad”, se refiere a la compra sucesiva que un grupo de personas realiza en los Mercales, Pdvales o Abastos Bicentenarios a precios justos o subsidiados, para luego revenderlos con altos índices de especulación.
El secretario general de Primero Justicia (PJ), Tomás Guanipa, rechazó la aplicación de una “tarjeta electrónica de alimentación”, la cual fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro. Según el diputado, esta tarjeta significaría implementación del racionamiento, y que dirá a los venezolanos lo que tendrán oportunidad de comprar cada 8 días.
El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, rechazó la tarjeta de alimentación que el Gobierno anunció, pues considera que es más bien una “tarjeta de racionamiento” y “no tiene beneficios y no garantiza mayor producción”. Recordó que el Estado está obligado a asegurar los productos a los venezolanos “en cantidad y calidad”, así como total abastecimiento. Por lo tanto, lo que se debe hacer es “inundar el mercado de productos”.
NOTICIAS24
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Com navios de guerra, para combater o narco
EUA patrulhará área do Oceano Atlântico próxima de Honduras

Honduras hará uso del poderío bélico de Estados Unidos para contrarrestar con escudos aéreos y marítimos el ingreso de droga en el marco de la Operación Martillo.El ejército de Estados Unidos desplegará la próxima semana dos poderosas fragatas en aguas internacionales que bordean los mares hondureños como escudo para evitar el trasiego de cocaína en Honduras, dijo una fuente de la embajada de ese país. Una estaría situada en el Océano Atlántico y otra en el Pacífico.Igualmente, Estados Unidos facilitará dos buques del Departamento de Guardacostas para apoyar esta estrategia. Una de estas naves ya se encuentra faenando en el mar Caribe.A este equipo se sumarán aviones de vigilancia que sobrevolarán espacio aéreo internacional a fin de brindar a las agencias antidrogas de Honduras información sobre la presencia de aviones y lanchas sospechosas de transportar droga.El avión que se usa en este tipo de operaciones normalmente es el Lockheed P-3 Orion de la Marina de Estados Unidos. El subcomandante militar del Comando Sur, Keneth Tovo, se reunió con autoridades de la Secretaría de Defensa para ultimar detalles de esta cooperación estratégica que se brindará al gobierno hondureño.
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En la Operación Martillo se han empleado cuatro fragatas, pero no se especificó si las dos que serán movilizadas a aguas cercanas a Honduras son de este equipo o si se trata de dos adicionales.El ministro de Defensa, Samuel Reyes, informó que esta asistencia es producto de la reciente reunión del presidente Juan Orlando Hernández con el jefe del Comando Sur, John Kelly, “por lo que se ha procedido a movilizar patrullas de guardacostas estadounidenses a aguas internacionales cercanas al espacio marítimo hondureño”.“El Comando Sur nos ayudará a fortalecer el escudo naval con guardacostas que estarán en aguas internacionales próximas al espacio marítimo hondureño. Estos guardacostas estarán atentos al paso de embarcaciones en operaciones conjuntas con la Naval de Honduras”, acotó.Estas operaciones se realizarán con respeto a los protocolos y tratados internacionales, y tendrán toda la logística necesaria para interceptar embarcaciones que van cargadas de drogas rumbo a México, Estados Unidos y otros países del área, aseguró el funcionario.Ingresarán al territorio Las fragatas harán patrullajes en aguas internacionales, pero “eventualmente” podrán ingresar al territorio marítimo hondureño cuando así lo requiera el gobierno de Honduras, dijo la fuente.Para que un barco militar haga operativos en territorio hondureño se requiere la autorización del Congreso Nacional.EL HERALDO estuvo abordo en el 2012 en la fragata USS Curts FFG-38, que fue utilizada en la Operación Martillo en aguas del Pacífico cercanas a Panamá y fue testigo de todo su poderío.Estos buques fueron construidos especialmente para protección de los colosales portaaviones, pero se les ha dado otros usos estratégicos.Estas naves cuentan con un poderoso y sofisticado armamento, como la metralleta CIWS (Close-In Weapons System) con balas de 75 milímetros, capaz de disparar una ráfaga de hasta cinco mil balas por minutos.De igual manera, este acorazado cuenta con un cañón que utiliza balas de medio metro y también está equipado con torpedos.Las fragatas han sido utilizadas para labores de interdicción de narcolanchas.En algunas oportunidades, durante la Operación Martillo se han utilizado los cañones para destruir motores de las lanchas rápidas.
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Algunas fragatas cuentan con helicópteros que se emplean para patrullajes aéreos y seguimiento de naves sospechosas de cargar droga.La captura de sospechosos se hace, en la mayoría de los casos, por medio de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).Según la fuente estadounidense, el equipo satelital con el que cuentan las fragatas puede ser usado para dar captura a las lanchas o transferir la información sobre la ruta de esas naves a las autoridades hondureñas cuando las mismas vayan en dirección la país.El 80 por ciento de la droga que ingresa al país lo hace por vía marítima y el 20 por ciento por aire, razón por la cual se requiere redoblar esfuerzos para evitar que la droga sea introducida al territorio nacional, dijo la fuente.Por lo menos el 80% de la droga que sale de América del Sur pasa por Honduras antes de ser movilizada a Estados Unidos, el mayor mercado consumidor de droga en el mundo.Según organismo estadounidenses, desde 2006 se ha registrado una reducción de un 50 por ciento en el consumo de drogas, aunque el uso de otras sustancias ha repuntado.Acciones La Operación Martillo es un plan que desarrollan 14 naciones, incluyendo Honduras, mediante el cual se han creado diversos escudos marítimos (en el Atlántico y Pacífico) para frenar el flujo de droga desde el lugar de origen.Durante esta operación se han decomisado 290 toneladas métricas de cocaína, 66 mil libras de marihuana y 200 vehículos.En lo que concierne directamente a Honduras, se reporta una reducción de un 70 por ciento en el registro de vuelos de “narcoavionetas”.En 2011 se contabilizaron 101 vuelos de aviones con supuesta droga, cifra que bajó a 69 en 2012.Para 2013 el número de trazas aéreas bajó a 31 y en el primer trimestre de 2014 solo se ha reportado una traza.La fuente no especificó cuántas “narcolanchas se han reportado en los últimos años, pero la actividad ha crecido, razón por la cual Estados Unidos consideró facilitar los barcos guardacostas y las fragatas para vigilar las costas hondureñas”.
EL HERALDO de Tegucigalpa
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O SENADO recupera seu peso político
Presença do ex-presidente Uribe dará novo tom ao Legislativo
Por algunos de los nombres que ocuparán las curules del Senado de la República es previsible que esta corporación recuperará su papel protagónico en la discusión pública. Hoy es una de las instituciones, según todas encuestadoras, peor valoradas por los ciudadanos. Los resultados de las eleccio
nes de este domingo 9 de marzo muestran que esa perspectiva debería cambiar.

De hecho, al nuevo Senado llegan dos expresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que creó la Carta Magna que hoy nos rige: Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolf. Está también el expresidente más popular de los últimos años, Álvaro Uribe Vélez; una exfiscal general de la Nación, Viviane Morales; los dos hijos del caudillo liberal Luis Carlos Galán, asesinado por la mafia del narcotráfico: Carlos Fernando y Juan Manuel Galán, entre otros.

Es seguro que estas, más otras influyentes figuras políticas, imprimirán un carácter más deliberativo al Senado. A vuelo de pájaro puede afirmarse que el Senado deja de ser un simple apéndice del Ejecutivo. La personalidad y el carácter de cada uno de estos parlamentarios aumentarán el grado de dificultad para que desde la Casa de Nariño se imponga su voluntad.

Hoy la discusión pasa por cómo será el poder de Uribe en el Congreso y qué hará para oponerse al presidente Santos en el aguerrido pulso que libran desde hace un cuatrienio. Su papel será definitivo en asuntos cruciales como la paz y la seguridad nacional. Todos los analistas coinciden en sentenciar que Uribe se convertirá en una piedra en el zapato para la gobernabilidad de Santos. Eso es cierto. Pero también está la otra cara de la moneda.

Y bajo este prisma es natural prever que Uribe no la tiene nada fácil. ¿Cómo hará el expresidente para ejercer su trabajo bajo la mirada escrutadora de congresistas nuevos como Claudia López e Iván Cepeda? Una cosa es Uribe en su condición de exmandatario adorado por buena parte de colombianos y otra cosa es allí en su curul bajo el control político de la nueva senadora de la Alianza Verde y del también nuevo senador del Polo.

Cuando se produjo la fractura política entre Santos y Uribe, en una entrevista con el portal La Silla Vacía, Claudia López habló del significado de hecho político. La cita simboliza la opinión que ella tiene del exjefe del Estado: “Lo realmente importante de esa ruptura es que permitió minimizar la influencia en el gobierno nacional de sectores vinculados a las mafias del narcoparamilitarismo y la corrupción. Y eso tiene efectos importantes, en general en disminuir la influencia de esos sectores en el manejo del Estado, y en particular en controlar el desfalco de lo público vía corrupción y vía prevalencia de intereses particulares y hasta criminales en temas claves para el desarrollo del país como restitución de tierras, reconocimiento y respeto por todas víctimas del conflicto armado, manejo de macroproyectos de infraestructura y manejo de activos públicos para los desarrollos rural y urbano”.
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De esas creencias es esta mujer que se convirtió en una de las sensaciones de la jornada electoral de este domingo al superar la barrera de los 80.000 votos, casi 30.000 más que el número 1 de su colectividad, Antonio Navarro. Ella, tanto en la academia como en las columnas de opinión, ha señalado abiertamente a Uribe de vínculos con el fantasma del paramilitarismo. Y es posible que muchos de sus seguidores le hayan suministrado tal volumen de votos porque esperan que sea un dique a la irrupción del Centro Democrático en el Senado.

Por los lados de Iván Cepeda, las cosas son similares. En vísperas de elecciones, él publicó un libro titulado Por las sendas de El Ubérrimo (Ediciones B). En la obra, acusa al exmandatario de haber “fundado por venganza una agrupación armada que azotó con sus masacres y crímenes selectivos varias poblaciones del nordeste antioqueño”. Según el nuevo senador del Polo, que ahora convivirá con Uribe en el mismo escenario y en igualdad de condiciones, es el responsable de haber “llevado al Palacio de Nariño generales de la Policía que estaban al servicio de capos narcoparamilitares, haberse apropiado de tierras destinadas a los labriegos de Córdoba y lucrarse con los dineros públicos a través del abuso de su enorme poder como jefe de Estado”.

Es decir que si Uribe llega con un duro discurso contra Santos por hechos como el proceso de paz en La Habana–en su alocución del domingo, en Medellín, aseguró que iba al Congreso para frenar el avance del castro-chavismo en el país–, también va a encontrarse con contradictores de este perfil que no lo van a recibir con abrazos sino que lo sindican abiertamente de actividades delictivas.

No son los únicos. Viviane Morales, por ejemplo, durante el breve año que duró como fiscal general metió a la cárcel a Andrés Felipe Arias, alfil de Uribe, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) que se dio cuando el uno era el presidente y el otro su ministro de Agricultura. “No me va a temblar la mano en el Congreso para seguir denunciando a los corruptos”, ha prometido ella.

El uribismo, por su parte, llega con la promesa de actuar como una bancada sólida, fuerte, coherente, sin fisuras. Para ellos, es clave enviar un mensaje de unión porque consideran que esta es la forma de empezar a construir un partido con unos ideales definidos hacia el futuro: “para darle orden de nuevo a este país”. Se presume que sus seguidores, la mayoría sin ninguna experiencia electoral y menos legislativa, actuarán disciplinadamente detrás de su líder. Muchos consideran que se eligieron a los mismos para lo mismo. Es probable.

Pero también es cierto que Uribe es un hombre que se ganó el amor de millones por aquello de trabajar, trabajar y trabajar. En línea con esta postura, él y su bancada deben cambiar los hábitos de una estructura que la gente asocia con pérdida de tiempo. Así, es posible que Uribe no sólo contribuya a cambiar el tono sino las formas.

Ellos más otras figuras jóvenes como los hermanos Carlos Fernando Galán (Cambio Radical) y Juan Manuel Galán (Partido Liberal), o veteranos como el consagrado senador Jorge Enrique Robledo, o experimentados políticos como Antonio Navarro hacen prever que este Congreso será distinto. Un espacio de discusión política de mayor nivel que el actual. Los primeros simbolizan la vigencia de las ideas sobre los crímenes de los carteles y los dos últimos la victoria de las urnas sobre los fusiles. ¿Alguien duda que ambos hayan hecho más por Colombia con sus ideas de izquierda que todas las FARC en 50 años de confrontación armada?

Estos elementos son de enorme trascendencia para nuestra fracturada democracia cuyo listado de errores, es cierto, avergüenza. ¿Qué sistema electoral es sostenible en una sociedad que tiene el 56 % de abstención y con uno de cada cinco votos sin paradero para un candidato? ¿Que entre nulos, en blanco y tarjetas no marcadas superan el 21 % de los sufragios?

Sin embargo, hay que luchar para evitar que siga deteriorándose. Levantarla, reconstruirla. Y la mejor manera de hacerlo es fortaleciendo cada una de sus instituciones. Y el Senado es de una importancia incuestionable, porque por aquí pasan la discusión pública, las ideas, las iniciativas, sean del corte que sean, de la orientación que provengan y a donde apuntan. De eso se alimenta la democracia. Y por algunas de las personas que se eligieron es probable que a la Cámara Alta haya vuelto el reino de la palabra, del argumento, de las tesis, que se perdieron en tiempos lejanos.
Texto de ARMANDO NEIRA publicado en la revista SEMANA, de Bogotá
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